Accidente ferroviario de Adamuz: Estado asume mayoría de indemnizaciones
El pasado domingo 18 de enero de 2026, un accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) causó la muerte de 45 personas y dejó 292 heridos. El contrato de las obras en la zona limitaba el seguro de responsabilidad civil a solo dos millones de euros. Por este motivo, el ente público Adif deberá asumir la mayor parte de las indemnizaciones económicas a las víctimas.
Ayudas públicas y compensaciones para los afectados
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero un paquete de ayudas de emergencia por valor de 20 millones de euros. Estos fondos están destinados a los afectados por los siniestros ferroviarios de Adamuz y Gélida. Las ayudas directas se han fijado en 72.121,46 euros por cada fallecimiento ocurrido en el siniestro.
En cuanto a los heridos, las cuantías oscilarán entre los 2.404 y los 84.141 euros, dependiendo de la gravedad de las lesiones. Además, las víctimas tienen la opción de solicitar un adelanto de la futura indemnización por responsabilidad civil. No obstante, el coste total de estas compensaciones supera el límite del seguro que la empresa adjudicataria había contratado.
Modificaciones contractuales y ampliación de plazos
Adif adjudicó inicialmente estas actuaciones ferroviarias en abril de 2022 por un importe de 52,5 millones de euros. Aunque el pliego inicial no permitía cambios, el Ministerio de Transportes autorizó una modificación de 6,2 millones en marzo de 2025. Esta decisión elevó el coste total del contrato hasta los 58,7 millones de euros.
Además, el Gobierno concedió una ampliación del plazo de ejecución de doce meses adicionales. Sin embargo, esta prórroga se aprobó cuando el contrato original ya había finalizado en agosto de 2023. Por tanto, las obras continuaron fuera del calendario previsto inicialmente por la administración pública.
Investigaciones técnicas sobre el origen del siniestro
Las primeras pesquisas técnicas señalan un fallo en la unión soldada entre un raíl antiguo de los años ochenta y uno nuevo. A pesar de esto, el ministro de Transportes afirmó que la convivencia de raíles de distintas fechas es «irrelevante a efectos de la seguridad de la circulación». El contrato original solo preveía sustituir el 12 % del trazado en ese tramo específico.
En este contexto, ha trascendido la participación de Redalsa en los trabajos de soldadura realizados en la zona de Córdoba. Redalsa es una filial de Adif encargada del mantenimiento de equipos ferroviarios. No obstante, algunos de sus accionistas son empresas privadas que también reciben contratos de Adif, lo que ha generado un debate sobre posibles conflictos de interés.
Limitaciones económicas para las empresas adjudicatarias
El contrato firmado establecía un límite máximo del 10 % para las penalizaciones por cumplimiento defectuoso de las obras. Por consiguiente, el margen de presión económica sobre las constructoras implicadas es reducido en caso de fallos graves. Esta cláusula, unida al bajo seguro de responsabilidad, traslada el riesgo financiero directamente al sector público.
Debido a estas condiciones contractuales, el Ministerio de Transportes debe gestionar ahora el impacto económico del accidente ferroviario de Adamuz. Las empresas que formaban la unión temporal, entre las que figuran Ferrovial, FCC, OHLA y Azvi, solo responderán hasta el límite pactado de dos millones de euros. El accidente ferroviario de Adamuz pone de relieve la importancia de la responsabilidad civil en la contratación pública de obras ferroviarias.