La Fiscalía investiga la participación de CAF en el tren ligero de Jerusalén
La Fiscalía General del Estado investiga en Madrid la participación de la empresa vasca CAF en el tren ligero de Jerusalén. Seis organizaciones sociales presentaron una denuncia alegando que las actividades de la compañía podrían vulnerar el derecho internacional. El ministerio público ha confirmado la apertura de estas diligencias tras recibir la documentación el pasado mes de febrero.
Detalles de la denuncia y entidades implicadas
Seis entidades registraron la denuncia original el 18 de febrero de 2026. Entre los denunciantes figuran NOVACT, la Comunitat Palestina de Catalunya y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Asimismo, estas organizaciones cuentan con la representación legal del Centro Guernica 37 para este proceso judicial.
Los demandantes consideran que los tribunales españoles tienen competencia para juzgar este caso. Esta potestad se debe a que la sede principal de la empresa se encuentra en España. Por este motivo, la denuncia se ha incorporado a las investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional sobre presuntas violaciones internacionales en Gaza.
El papel de CAF en el sistema ferroviario de Jerusalén
La compañía con sede en Beasain participa desde el año 2019 en este proyecto de transporte en Jerusalén, Israel. Este contrato tiene un valor aproximado de 1.800 millones de euros e incluye diversas infraestructuras clave. Concretamente, la firma se encarga de la ampliación de la Línea Roja y de la construcción de la Línea Verde.
Además de la obra civil, CAF suministra los trenes y gestiona los sistemas de señalización y energía. También opera y mantiene ambas líneas mediante una sociedad compartida con la empresa israelí Shapir. Esta colaboración tiene una duración prevista de entre 15 y 25 años y su construcción finalizará en 2027.
Posibles infracciones del derecho internacional
Las organizaciones sociales sostienen que la red de trenes conecta los asentamientos israelíes con el oeste de la ciudad. Según su versión, esta infraestructura profundiza la fragmentación de los barrios palestinos y refuerza la ocupación. Por ello, argumentan que la actividad de la empresa vasca contribuye a la anexión de territorio ocupado.
La denuncia sugiere que estos hechos podrían encajar en el Código Penal español. Específicamente, los denunciantes mencionan posibles crímenes contra personas protegidas en conflictos armados. De igual modo, señalan una presunta vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra sobre el traslado de población civil a territorio bajo ocupación.
La postura de la empresa ante la investigación
Por su parte, CAF defendió su gestión mediante un comunicado oficial emitido en septiembre de 2025. La empresa vasca indicó que su función es estrictamente técnica y neutral en todo momento. Según la dirección, su trabajo se limita únicamente al suministro y mantenimiento de un servicio de transporte público.
Asimismo, la compañía subrayó que sus operaciones no buscan apoyar asentamientos ilegales ni prácticas segregacionistas. La firma asegura que el proyecto pretende beneficiar a todas las comunidades locales por igual. Sin embargo, la ONU incluyó a CAF en una lista de empresas vinculadas a los asentamientos durante el pasado año 2025.